Por Pablo Muñoz Rojo*
Vamos a empezar siendo claros en un asunto. El ministro Fernando Grande-Marlaska no es un buen político. Adquirió su fama como juez por los procesos que llevó a cabo contra ETA y s con el caso del Yak 42 que hicieron que se ganará el respeto de muchos. También metió en la cárcel a Arnaldo Otegi. En el 2009 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder judicial a propuesta del PP. Entre las sombras de Marlaska están las denuncias de torturas en sus causas contra ETA.
Con la llegada al Gobierno de España de Pedro Sánchez y el PSOE -Partido Socialista Obrero Español- tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Marlaska pasa a ser el ministro del Interior con un amplio respaldo político. Pero ser un buen profesional en tu campo, sea el que sea, no te convierte en buen político. De la misma forma que no te exime de tener ideología. Y Marlaska en todo este tiempo ha demostrado no ser un buen político, y no ser un buen comunicador (elemento importante dentro de la política).
Bajo su corta trayectoria política cuestionada por unos y otros, sus últimas decisiones han vuelto a generar polémica. Y esto ha llevado a pedir la dimensión por parte de distintos sectores conservadores de la sociedad e instituciones, así como críticas profundas por parte de otros sectores no conservadores.
No me preocupa que el PP -Partido Popular- (la derecha tradicional española post dictadura) y sobre todo Vox (el ala más radical de esa derecha tradicional) pidan su dimisión. Perdieron la legitimidad de pedir dimisiones hace tiempo en tanto que desde que este gobierno se formó unos lo han considerado ilegítimo – tras ser votado en las urnas y el Parlamento -, y otros, han utilizado cada decisión para criticar, y en consiguiente, pedir dimisiones. Cuando pides constantemente la dimensión por todo sin mediar en la proporcionalidad, lo siento, pero es normal que pierda peso y legitimidad tu demanda. No sabemos cuál es la vara de medir de la oposición para pedir dimisiones. Unos días piden eso y otros días piden la destitución completa del gobierno -que lleva menos de cinco meses en el poder.
¿Qué ha hecho el ministro mal ahora? Destituir al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puesto ahí a dedo como cargo de confianza en el pasado por otro ministro. Son cargos que se quitan y ponen a menudo. En este caso se ha quitado porque se «había perdido la confianza en él». El problema es que se produce el mismo día que se entrega el informe solicitado por una jueza para la investigación de la manifestación por el día de la mujer el 8 de marzo que tiene como investigado al delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid por prevaricación.
La manifestación se llevó a cabo con unos 600 casos de Covid19 y 18 muertos en el país, y se denuncia que el gobierno central conocía las consecuencias que tendría llevarla a cabo y aun así lo permitió (todo ello sin entrar a debatir lo complicado legalmente que resulta prohibir una manifestación fuera de la declaración del Estado de Alarma que tendría lugar días después). Desde entonces este asunto ha estado en boca de políticos y medios de comunicación.
Sin entrar a valorar la judicialización llevada a cabo sobre ese tema (en ningún otro país donde hubo 8m está judicializado, por ejemplo en Francia), es evidente que no ha sido ni una decisión acertada -por el contexto– y, que es incluso cuestionada por la propia jueza por interferir en la investigación. Así mismo es importante reconocer que cargos de confianza en distintas instituciones son puestos y quitados muy a menudo en política. Podemos recordar cuando Mariano Rajoy destituyó al comisario que dirigía las investigaciones de Gürtel y Bárcenas (casos de corrupción del PP), el comisario José Maria Losada, por el descontento de la dirección política del PP y el Ministerio del Interior con ambas investigaciones. Es decir, estas escenas «dramáticas» no son nuevas, lamentablemente, en la política.
Marlaska pudo haber sido más hábil. Pudo haber esperado, pudo haber tomado la decisión tras filtración del informe (del que hablaremos más adelante), o, mejor dicho, pudo haberlo cesado mucho antes tras lo acontecido en Cataluña el 1-O durante el referéndum no oficial por la independencia. Todos vimos la violencia policial sin medida ese día, y todos sabemos quién lo ordenó. Si nos vamos más atrás también encontraremos acusaciones de torturas.
Pero no ha sido así, se ha hecho mal, dando razones que no son creíbles, y regalando ciertos motivos a quienes ahora piden su dimisión. Es lo que le faltaba al gobierno en esta coyuntura.
Dicho esto, yo me posiciono. No me gusta Marlaska. Nunca me ha gustado. Pero me preocupa mucho que una parte la sociedad se posicione tan firmemente contra él por este motivo, y no por las violaciones de derechos humanos que ha llevado a cabo en las fronteras y que ha defendido en las tribunas. Marlaska debió dimitir cuando defendió las devoluciones en caliente, cuando aceptó y compartió la resolución violenta que las legitima desde el Tribunal Europeo, cuando mintió y dijo que no se llevaban a cabo y luego resultaba que sí. Expulsiones grupales de solicitantes de asilo, expulsiones de menores. Marlaska defiende los centros de internamiento de extranjeros, defiende el modelo racista que da contenido a la ley de extranjería que priva de derechos a miles de personas en el territorio español persiguiendo y criminalizándolas. Todas estas políticas y defensas de violaciones de derechos de las personas inmigrantes no han servido para que se posicionen pidiendo su dimisión, y esto sólo es explicable a partir de que la sociedad española respalda o acepta tales violaciones y la proporcionalidad de la violencia que persigue a los inmigrantes. Para la mayoría la institución y el prestigio de la Guardia Civil es mucho más importante que la vida de las otras personas. No se recuerda la solicitud de dimisión a ningún político por la violación de derechos de las personas inmigrantes.
Dicho esto, creo que es importante centrarnos en la otra parte relevante de la actualidad y que ha llevado a producirse todo lo anterior, el informe elaborado por la Guardia Civil sobre el 8m y que acusa al delegado de gobierno, al ministro y a Fernando Simón de haberse llevado a cabo la Manifestación del 8m bajo el marco del virus poniendo en peligro la vida de la gente.
Sabemos, porque se ha publicado, que dicho informe está elaborado en base con especulaciones, medias verdades, noticias bulos (a sabiendas de que lo son), omisión de información relevante, errores en fechas y datos, acusaciones infundadas y subjetivas que hacen del informe un documento sin ningún tipo de rigor que parece responder más a unas intenciones políticas que de investigación judicial. Así mismo sabemos que no queda ahí la cosa, y lo que es más grave, la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial.
Cuando se habla de tener credibilidad en las instituciones y quienes las forman hoy ha vuelto a quedar en evidencia que es complicado que esto se produzca. Con la resaca, que aún perdura sin cerrarse el caso, de las llamadas “cloacas del estado” y los informes falsos creados por la policía política contra políticos y partidos, volver a encontrarnos con esto no puede traducirse en otra cosa que no sea repudio y vergüenza.
Cabe preguntarse si este es el rigor habitual de los informes judiciales llevados a cabo por la Guardia Civil; si es habitual que este tipo de informes se creen con intereses políticos tan evidentes; si es habitual que los informes se basen en publicaciones de medios de comunicación sin contrastarlos. Medios precisamente vinculados a las “cloacas del estado” como OK Diario. ¿Es habitual la mentira y la especulación? ¿Es esta la capacidad estos profesionales que se dedican a elaborar este tipo de documentos?
Este informe, atravesado por la manipulación intencionada, habla de la normalización de este tipo de actos. Al final, aquellos que denunciaban al gobierno por un delito puede ser que lo estén cometiendo ellos mismos. España tiene cuerpos policiales al servicio de todos menos del pueblo y volver a comprobarlo da más que escalofríos.
Han creado una mentira política a partir de la cual estructuraron todo el relato que buscaba señalar al gobierno desde el día 0. Ahora ese relato se ha roto. O debería ser así si los medios fueran responsables y cumplieran.
Marlaska, como mal político, mal estadista, y torpe, pudo haber esperado a que la gente supiera del contenido vergonzoso de tal informe para destituir al Coronel Pérez de los Cobos o tomar las medidas que considerara oportunas sobre un puesto de confianza. No lo hizo, se cubrió de gloria, y volvió a dejar en evidencia que no sirve para ser ministro. Pero eso sí, no hay duda de que debe haber una debería haber consecuencias legales de los cargos que han llevado a cabo tal informe una vez constatadas las manipulaciones de testigos. No podemos aceptar que los cuerpos de seguridad del estado sirvan para este tipo de cosas.
Sus vergüenzas son nuestras miserias.
*Pablo Muñoz Rojo, es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Escribe regularmente en el periódico español El Salto. Sí es un problema de racismo (2018), publicado por la Editorial Diwan Mayrit, es su primera obra. Vive en Cartagena, Colombia.
